La Ley estipula derechos de los consumidores, pero también deberes como obrar de buena fe frente a los productores, proveedores y autoridades públicas
Cerca de 350 personas fueron atendidas durante la estadía de la Ruta del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Red Nacional de Protección, quienes escucharon a los usuarios en temas relacionados con derechos y deberes, quejas sobre publicidad engañosa, registro de marcas o patentes, sobrecostos en facturas o trámites bancarios y reclamaciones de servicios públicos.
Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno Municipal, Carlos Javier López López, quien además indicó que en la ciudad existe un punto de atención en las instalaciones del centro comercial Los Molinos local 23, donde los funcionarios asesoran sobre el debido proceso de reclamación directa, de acuerdo al artículo 58 de la Ley 1480 de 2011.
“Si la respuesta no es satisfactoria para el consumidor se podrá hacer uso del ejercicio de demanda de asuntos administrativos y/o jurisdiccionales, la cual será radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la oficina o del correo institucional Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. que tiene la Administración Municipal”, agregó el funcionario.
Entre tanto, la referente de la oficina de Protección al Consumidor, Gloria Patricia Cardona León, manifestó que las principales reclamaciones están relacionadas con garantía de productos y servicios, planes de hogar y de telecomunicaciones y agregó“Mensualmente se atienden 70 usuarios, de los cuales 50 quejas cumplen con los méritos para la reclamación directa. De estos, el 60 por ciento salen a favor y el restante es trasladado a las entidades de control”.
Dato de interés
Las demandas sujetas de reclamación directa van hasta 40 salarios mínimos legales, las cuales no necesitan un apoderado o una representación jurídica. Así mismo, los consumidores que no obran en buena fe serán sancionados hasta un tope de 60 millones de pesos.